El Libro Blanco de la Profesión Docente Actividad 6

El Libro Blanco sobre la Profesión del Docente es un estudio realizado por el prestigioso filósofo y pedagogo José Antonio Marina por encargo del Ministerio de Educación en el año 2015. En estas reflexiones de carácter práctico, Marina aborda los problemas de la educación actual y del sistema educativo al tiempo que elabora un compendio de 20 propuestas educativas que ayuden a conformar un marco legislativo viable y efectivo, al margen de caprichos y conveniencias políticas.
Logrado o no, y con mucho debate tras de sí, este Libro Blanco nos presenta un proyecto educativo que marque las pautas en legislaciones futuras, con sus ideas de mejora.

A continuación pasaremos a analizar en profundidad la Cuarta Propuesta:

Esta propuesta se centra en la labor del profesorado, ateniendo especialmente a su papel y estructuración dentro del Centro y a su formación fuera del mismo.

Pone en relieve las siguientes cuestiones, que podemos esquematizar y resumir en cuatro puntos:

1) Un trabajo grupal y consensuado de todo el personal docente de un mismo centro. Es decir, fomentar un compañerismo y unificación organizativa para transformar el Centro en un auténtico núcleo identitario tanto para alumnos como profesores, cuya implementación, cuidado y mejoras sean vistas como beneficiosas por toda la comunidad educativa del propio centro escolar.

2) Una reducción de la movilidad del personal docente entre los centros, reduciendo la interinidad al mínimo y fomentando las plazas fijas como funcionario público y educador. Esto facilitará la implicación del profesor no sólo en sus alumnos (cambiantes cada curso) sino en el propio centro y en los proyectos comunales que el mismo desarrolle.

3) Una visión de los docentes (dentro y fuera del aula) como los protagonistas de la actividad educadora de sus respectivos centros. Aquí cobra especial importancia el papel del Director y del equipo directivo de cada centro, como auténticos coordinadores de la actividad educadora.

4) Fomentar e incidir en una formación continua del personal docente, de manera que obtengamos profesionales comprometidos no sólo con su materia a impartir sino con la labor educadora y su propio desarrollo e implementación en estos ámbitos.

En cuanto a los "fallos" que podríamos encontrar en esta medida o a los "añadidos" que podríamos hacer en la misma, señalamos tres concreciones:

• Por un lado la inclusión del alumnado como parte de la membresía protagonista de la actividad educadora (aunque entendemos que es un aspecto que Marina trata en futuras propuestas).

• Por otra parte, no creemos conveniente la necesidad de que desde el equipo directivo del propio centro deban definir las plazas ofertadas en el mismo. Precisamente el sistema de oposiciones y funcionariado público es creado con el fin de evitar sesgos y nepotismos por intereses de los contratantes (en este caso los directores de los centros). Un sistema como el actual, basado en la meritocracia, que en caso de tener fallos deberían ser solventados dentro del propio sistema ya montado.

• Por último, en cuanto a la distinción que realiza entre Centros públicos, concertados y privados, vemos necesario tomar más medidas en la financiación económica de cada uno de ellos. Y es que, si bien las ayudas sociales dadas a los Centros Concertados surgieron para paliar la labor educacional que realizaban allí donde los servicios públicos no podían o no habían llegado aún, a día de hoy esta función ha quedado prácticamente obsoleta. No se puede cortar de raíz la financiación a estos centros, eso es una evidencia, pero sí creemos necesaria una reducción de dicho aporte económico en pro de la educación pública, tan necesitada de recursos hoy en día. Al fin y al cabo, sostentar con "el dinero de todos" la "educación de todos", y no educaciones sesgadas en función del nivel adquisitivo o de creencias religiosas (entre otras muchas), debería ser la máxima en una democracia como la nuestra.

- Blanca Domingo